Parques Nacionales: ATE denunció negociados en Iguazú

20/09/2019

La Coordinación Nacional del sector aseguró que la corrupción campea en el
organismo. Apuntan a la consecionaria porque realiza obras dentro del parque sin cumplir con la normativa de impacto ambiental.

Los trabajadores denuncian que la concesionaria ‘Area Cataratas’ emprende diversas obras de infraestructura sin respetar el Plan de Gestión 2017-2023 y el Plan de Uso Público del Parque Nacional Iguazú (PNI), ignorando consultar las opiniones de las instancias técnicas que corresponden, como la Dirección Regional NEA y la Dirección Nacional de Conservación.

«Repudiamos los negociados privados que está llevando a cabo el directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN) para el área protegida. Estamos dejando en claro que este tipo de emprendimiento que se llevan adelante dentro del PNI están en grave falta con la reglamentación vigente en lo referido al impacto ambiental», explicó Leonardo Barrios Caro, delegado de ATE en la Regional Centro, y técnico del organismo.

Los trabajadores impugnan obras de la consecionaria como la ampliación de la vía férrea a Garganta del Diablo, la ampliación del balcón de garganta del diablo y la nueva estación de trenes, entre otras iniciativas, porque los estudios de impacto ambiental son de menor jerarquía a la requerida acorde a la intervención planificada.

Además, las obras no se avienen a lo establecido en el Plan de Gestión, que establece la necesidad de elaborar un plan de uso público y establecer capacidad de carga (no ampliar la capacidad receptiva). Sin embargo, en el proyecto se menciona como premisa fundamental para la ejecución de las obras, la posibilidad de recibir un mayor número de visitantes. Previo a analizar obras se debe establecer un límite al número de visitantes. Sin este límite, ninguna infraestructura será suficiente.

Al mismo tiempo, el proyecto presenta una priorización que no sigue criterios operativos convenientes en relación con el mantenimiento de la calidad de la visitación, sino atiende a aspectos económicos de la empresa. De hecho, el tratamiento de efluentes ya está colapsado y la emisión de las aguas servidas al río Iguazú constituye delito ambiental, que ni la empresa ni la APN han atendido adecuadamente.

Entre otros puntos, las obras se financiarán con el aumento del cobro de acceso, es decir que los visitantes pagarán las obras de los visitantes del futuro, para que cuando estén terminadas la empresa cobre por una inversión que no realizó. Picardía habitual en la gestión actual.